Destape

Todos estos ingredientes se habían incubado desde 1990, pero salieron explosivamente a luz pública el año 2006. La verdad sobre el paramilitarismo empezó a salir a flote. El país comenzó a entender que para acabar con el paramilitarismo no era suficiente que el gobierno recibiera en Ralito las armas de 30.000 hombres vestidos de camuflado y pusiera en la cárcel de Itaguí a 58 de sus principales jefes, mientras la Fiscalía comenzaba a aplicar la nueva ley de Justicia y Paz. El gigantesco monstruo había emergido y mostrado que su poder estaba construido más sobre redes políticas, económicas y sociales que sobre las armas. La tarea de este desmonte de alianzas con los civiles y políticos era mucho más difícil que la entrega de armas. Cuando se trató de hacer vinieron los escandalosos episodios de la llamada para-política. Comenzaron a quedar salpicados sectores de la sociedad que supuestamente habían contribuido a alimentar al monstruo. Unos porque habían acudido a grupos armados privados para defenderse de la guerrilla ante la debilidad del Estado. Otros porque habían financiado grupos paramilitares. Había aliados de ellos en empresas lucrativas, y quienes electoralmente se habían beneficiado de su influjo y dineros.

Revanchismo de la Corte

El deslinde, la aclaración y judicialización de este complejo y abigarrado mundo de alianzas no-santas quedó en manos de la Justicia colombiana (especialmente de la Corte Suprema debido al fuero especial de los parlamentarios y de la Fiscalía de la República como justicia ordinaria). Y aquí entra un factor que ha enturbiado las aguas, producido escándalos en la opinión pública y enrarecido las relaciones armónicas entre Corte Suprema de Justicia y Gobierno nacional de Uribe. Hoy hay suficientes datos para afirmar que la Corte ha resultado revanchista y algunas de sus decisiones han tenido un sesgo político, parcializado, en contra del Gobierno. Ello debido a que de años atrás la Corte se ha sentido rebajada de categoría por el apoyo que el presidente Uribe dio a la Corte Constitucional en su disputa con la Corte Suprema sobre cuál de las dos es la suprema instancia para fallar las providencias judiciales. Por simples delaciones interesadas de criminales desde la cárcel a los que se les da valor de 'testigos' o meras sospechas, sin verificación de hechos ni derecho a defensa, han sido incriminados 62 parlamentarios (32 de ellos en la cárcel y 30 investigados por la justicia), la mayoría de ellos de las seis organizaciones políticas que configuran la coalición en el Congreso favorable a Uribe.

Caso Mario Uribe

Es emblemático por tratarse nada menos que del primo hermano del presidente Uribe Vélez e importante senador aliado suyo desde hace años. La Corte lo llamó a indagatoria en el preciso momento en que el presidente Uribe hablaba ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, de modo de potenciar el escándalo y volverlo internacional. Un golpe bajo contra el Gobierno. Llevado su caso a la Fiscalía de la Nación (justicia ordinaria), el Vicefiscal general, Guillermo Mendoza Diago, a mediados de agosto, decidió excarcelar a Mario Uribe porque "en el expediente no encontró pruebas suficientes para detenerlo ni para mantenerlo encarcelado". Este senador fue involucrado en la para-política porque Salvatore Mancuso afirmó que se había reunido con él antes de las elecciones de 2002, supuestamente para realizar un pacto electoral. Mancuso aceptó posteriormente que la reunión con Uribe se había realizado después de las elecciones de 2002 y, por tanto no había tenido motivaciones ni consecuencias electorales. Un tal "Pitirri" lo acusó de haberse apoyado en los paramilitares para comprar tierra barata en Sucre, Bolívar y Caucasia. Se comprobó que Uribe no compró tierras y menos en esos lugares. La Corte asumió la teoría endeble de que en 2002 Uribe había tenido a su favor una "votación atípica" por la alta diferencia con 1998 y en zona de influencia paramilitar; luego era paramilitar. Resulta que el mismo candidato obtuvo aumentos de votación en zonas sin influencia paramilitar, por ir acompañando la exitosa candidatura de su primo Alvaro Uribe. Tal el caso de su votación en Bogotá donde aumentó 9 veces y en Cali donde aumentó 50 veces.

Se puede pensar que los casos bastante inflados de los para-políticos irán disminuyendo: unos por sentencia ajustada a verdad, otros por desistimiento de la justicia ordinaria dado el infundio de las sospechas fabricadas y falta de pruebas. Y como la plana mayor de los paramilitares está ya extraditada en Estados Unidos, tendrá allá bastante más de qué ocuparse que prestarse a fabricar para-políticos. Las pasadas elecciones del 28 de octubre 2007 confirmaron que los exparamilitares no lograron intimidar localidades ni imponer candidatos (con excepción de 2 municipios en Sucre), que la para-política perdió en sus antiguos fortines: Cesár, Meta y Sucre. Ganó todavía en Córdoba y Magdalena, pero quedó ya al descubierto y en la mirilla de las otras fuerzas políticas y de la opinión pública.

02-12-08