| En
México, el. comandante Marcos acaba
de realizar con sus huestes, pacíficas
pero embozadas en pasamontañas, el
“zapatour”, que lo
llevó triunfalmente desde la lejana
Chiapas hasta el “zócalo”,
corazón de la ciudad de México.
Fue una llamativa marcha, movilizadora de
opinión pública y de masas,
que podría recordar aquella marcha
sobre Roma de los seguidores de Mussolini,
la larga marcha de Mao hacia el norte de
China (1934–1936), la pacífica
Marcha Verde que Hassan de Marruecos organizó
en 1975. En su recorrido, el Ejército
Zapatista de Liberación Nacional
enarboló como bandera política
la cuestión indígena, causa
popular y de amplia resonancia en el alma
de toda población indoamericana,
incluido México con su alto mestizaje.
El movimiento indigenista está ahora
mismo haciendo reclamos al régimen
de Luis González Macchi en Paraguay.
Y en Ecuador, la poderosa Confederación
de Nacionalidades Indígenas (CONAIE),
con alta capacidad de movilización,
liderada por el indígena quechua
Antonio Vargas y en combinación con
elementos militares, presionó la
salida del presidente Jamil Mahuad y sigue
haciendo fuertes exigencias al actual presidente
Noboa y al Congreso ecuatoriano. |
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Justedad de la causa indígena
El
drama de las comunidades indígenas
enclavadas en América es una historia
penosa desde la Conquista. Adquirió
nuevas modalidades en la Colonia con sus
instituciones protectoras y luégo
en las repúblicas oligarcas de nuestros
nacientes Estados. Supo expresarse con conciencia
viva a propósito de los 500 años
del descubrimiento de América y –a
la par con un sano proceso de democratización
en los países de América–
viene reclamando justamente el reconocimiento
de derechos particulares a una organización
social (cultura e identidad), a formas de
autogobierno (automomía) y a un territorio
propio.
Dentro de los legítimos reclamos
de las comunidades indígenas a formas
particulares, puede y debe leerse una voluntad
positiva de integración a la sociedad
dominante, la cual viene poco a poco dejando
el atraso y las formas arcaicas para adentrarse
en una modernización racional y efectiva.
Esta integración es para las comunidades
indígenas una vía de acceso
rápido a la modernidad. Las comunidades
reafirman su identidad, movilizan sus energías,
se organizan para mejorar sus condiciones
de vida (desarrollar la producción,
entrar en los mercados, obtener infraestructuras,
crear cooperativas, escuelas, centros de
salud) y para elegir sus propios voceros
y representantes en las instituciones políticas.
Es una revolución en marcha. Revolución
a veces duramente conflictiva, dadas las
relaciones tradicionales de fuerza (México,
Ecuador, Bolivia); a veces vista con recelo
pero al fin bien acogida por las élites
en el poder (Brasil, Colombia, Perú);
a veces claramente asumida por otra revolución
triunfante (Venezuela).
Hay que observar también que existe
la presión del entorno internacional,
progresivamente favorable a las poblaciones
autóctonas y, a la vez, hay un aumento
de las preocupaciones ecológicas,
habida cuenta del habitat de las poblaciones
indígenas, que en su gran mayoría
ocupan regiones de alta montaña o
de bosques con un ecosistema frágil
que debe ser protegido.
Algunos
casos
•
Brasil, en su Constitución
de 1988, dedica un capítulo entero
a la cuestión del indígena,
de su lugar en la nación y de sus
derechos (véase Julio Gaiger, Direitos
indigenas na constitucao brasileira,
CIMI 1989).
• Colombia tiene
una población indígena pura
de apenas un 0.8% del total, distribuida
en 48 tribus por todo el territorio. En
su nueva Constitución de 1991 (en
la que participaron activamente como constituyentes
dos representantes de etnias) establece
en un artículo inicial el carácter
pluriétnico y multicultural de la
nación (art. 7). Hace una declaración
formal de principio (art. 70); y saca de
él efectos concretos sobre lengua
y educación bilingue (art. 10), territorios
(art.286), autogestión (art.330)
y representación política
adecuada en el Senado de la República
y en la Cámara de Representantes.
• Venezuela en su
nueva Constituc¡ón de 1999
tiene todo un capítulo en el que
incorpora un conjunto de normas sobre los
derechos de los pueblos indígenas,
respecto de los cuales sólo había
una escueta norma de protección en
la Constitución de 1961 (art. 77).
Queda consagrado su derecho a mantener y
desarrollar su identidad étnica y
cultural (art. 121); se ordena que el aprovechamiento
de los recursos naturales en los habitats
indígenas por parte del Estado se
haga sin lesionar la integridad cultural,
social y económica de los mismos
(art. 120); se garantiza la representación
indígena en la Asamblea Nacional
y en los cuerpos deliberantes de las entidades
con población indígena ; y
con generosidad en el art. 119 se les reconoce
“la propiedad colectiva de sus tierras”.
Algo que, a juicio de expertos en la materia
(Allan Brewer–Carias) parece exagerado,
habida cuenta que las etnias sólo
conforman el 1.5% de la población
venezolana y que los tres elementos (pueblo+
organización+ territorio) son los
componentes esenciales de todo Estado, algo
que en un futuro podría permitir
configurar una “república independiente”,
rompiendo la unidad territorial de Venezuela.
El
movimiento zapatista
Mientras
casi todo México fue un gigantesco
crisol de razas en donde se fundió
un mestizaje étnico y cultural, facilitando
la integración de una cultura indígena
con la occidental, sin embargo quedó
allí una reserva (que coincide con
la antigua zona maya), en la que de hecho
se ha practicado un “apartheid”,
una marginación de miles de indígenas,
lo que explica el conflicto de Chiapas y
el surgimiento del Ejército Zapatista
de Liberación Nacional. El escritor
mexicano Enrique Krauze es muy crítico
respecto de este movimiento, a pesar de
su innegable popularidad. Y juzga que él
no puede arrogarse la representatividad
de 10 millones de indígenas, y mucho
menos la de 40 millones de pobres que existen
en México. “En una democracia
(y México venturosamente lo es desde
el 2 de julio pasado), la representtividad
no se gana con balas, procesiones mesiánicas
o discursos intergalácticos: se gana
con votos”.
marzo
19 de 2001 |