El término deriva de la capacidad con que un antiguo lobo de mar y su tripulación o un moderno comandante de nave aérea con su instrumental y equipo humano, van conduciendo exitosamente la nave y los pasajeros hasta su puerto (aeropuerto) de arribo. Referido a la conducción del Estado, significa la capacidad y la calidad del desempeño gubernamental, habida cuenta de los requerimientos y voluntad de los gobernados. La gobernabilidad hace referencia no sólo a la institucionalidad estatal, sino a las relaciones entre el Estado y la sociedad civil. Se refiere al manejo de las instancias de gobierno, pero también a las demandas sociales, a los mecanismos de legitimación política y a la estabilidad del sistema.

Hay quien define gobernabilidad como "la capacidad que tienen los gobernantes de tomar decisiones que atiendan demandas efectivas de los gobernados y de viabilizar la reproducción de las condiciones de preservación del poder" (Nogueira). Ungar define la gobernabilidad como "la capacidad del sistema político y de la sociedad en su conjunto de introducir ajustes e innovaciones para darle viabilidad estratégica a un proyecto nacional y de procesar y responder adecuadamente a las demandas de gobernabilidad". El mismo autor afirma que “La gobernabilidad no se relaciona solamente con la estabilidad política del sistema. También aborda procesos de cambio social y de control de la economía, que deben estar enmarcados por un propósito democratizador que le permita a la mayoría de la población participar de los beneficios resultantes de esos procesos. Si bien las transformaciones políticas y los cambios económicos y sociales no siempre responden a la misma lógica y al mismo ritmo en el tiempo, sí deben estar orientados por un proyecto político común. En efecto, la gobernabilidad supone una forma de convivencia y consenso, en la que los diferentes actores económicos, sociales y políticos, públicos y privados, desempeñan un papel particular”.

La gobernabilidad debe, pues, entenderse como la necesidad que tienen los gobiernos de lograr una adecuada combinación de eficiencia administrativo-económica y de elementos democráticos. Ella permite a la acción gubernamental ofrecer un mínimo de estabilidad y legitimidad. Esta capacidad de gobernar, como atributo específico de un primer polo de la relación gobierno-sociedad tiene el peligro de entenderse sólo como "gobierno que gobierna", como resultado de operaciones "racionales" administrativas que dan a las conductas gubernamentales agilidad en términos de "respuestas" y resultados, de acuerdo a los preceptos de la ciencia administrativa. Pero la gobernabilidad hoy, en sociedades democráticas, tiene que atender también al otro polo de la ecuación: la sociedad, capaz de ser más o menos gobernable. "Si la gobernabilidad se redujera a una cuestión de ajustar la máquina del Estado, es de suponerse que bastaría con adoptar, para ecuacionarla, la perspectiva técnica, propia de la administración como disciplina especial. Todo se resumiría en cosas como encontrar el tamaño adecuado del Estado, agilizar sus mecanismos operacionales en las funciones reconocidas como propias de él El desafío crucial reside en la obtención de aquella forma específica de articulación del Estado con la sociedad en la cual se reconozca que el problema de la administración eficiente no puede disociarse del problema político, o sea, del problema de garantizar también la operación democrática del Estado" (Fabio W. Reis).

Entre los tres "efectos perversos" que Bobbio observa se dan en nuestras actuales democracias representativas de Occidente, la ingobernabilidad es el primero. Ante mayores demandas de la sociedad actual en nuestros países, se da una menor capacidad de respuesta del sistema político.

La ingobernabilidad es una "situación disfuncional que dificulta la actividad y la capacidad gubernamental" (Alcántara 1994: 11). Es "el desfase entre las demandas dirigidas a la autoridad y los recursos a su disposición" (Pedro Santana, citado por Ungar 1993: 104). Surge, de ordinario, por la incapacidad de la lógica jurídico-formal de la organización gubernamental para responder en forma eficaz, con mecanismos tradicionales, a las expectativas reales de los gobernados. Pero también puede ocurrir que la sociedad imponga nuevas y exigentes actividades para las que el poder público, aun modernizado, no cuenta en su momento con una organización capaz de dar respuesta suficiente. La ingobernabilidad o crisis de gobernabilidad tiene elementos entremezclados: unos que se refieren a la esfera de lo objetivo como son la eficacia, la efectividad, la eficiencia del sistema político y otros elementos de más cariz subjetivo como son la legitimidad, la credibilidad y el apoyo de los gobernados al sistema político. La ingobernabilidad genera crisis de legitimidad. Puede darse fisura entre democracia y gobernabilidad, como sugiere M. Coppedge en su libro Gobernabilidad democrática en Latinoamérica. La ingobernabilidad , pues, se concibe como la suma de dos factores simultáneos: 1) el debilitamiento de la eficacia del gobierno y 2) el debilitamiento del consenso de los ciudadanos. Sin output de eficiencia en las políticas públicas y un input de legitimidad a la hora de los ajustes económicos, la situación desborda a los actores políticos en una arena que se ha denominado "democracia embotellada " (expresión de Giovanni Sartori), en la que "la demanda es fácil y la respuesta es difícil" (Norberto Bobbio) Si esto es verdad en cualquier país democrático, a fortiori lo es en un país como Colombia, en vías de desarrollo o de desarrollo limitado.

Tomado de Enrique Neira F., Reingeniería política. Análisis del caso colombiano, Mérida, Universidad de Los Andes 1999, p. 31–37.