Las turbulencias políticas y económicas están, en este momento, sacudiendo fuertemente nuestros países de la Comunidad Andina. VENEZUELA ha debido aplazar las megaelecciones, que todo el país espera para legitimar (de acuerdo a la nueva Constitución del 99) las autoridades en todo nivel, y comenzar a ver un gobierno eficiente que afronte el grave problema económico y social, cuya crisis se profundiza día a día. PERU, por la ciega apetencia que tuvo su actual presidente Fujimori de perpetuar su poder a como diera lugar; entra en una etapa de difícil gobernabilidad, con un Gobierno de menguada autoridad y más de medio país en contra, frente a graves problemas económicos y sociales también. ECUADOR arrastra una economía de tumbo en tumbo, con un fragmentado apoyo político y un radical plan de dolarización, al que se oponen grandes sectores de la población, especialmente de campesinos politizados. Y COLOMBIA acaba de pasar una de sus semanas más difíciles desde el punto de vista económico, social y político de los últimos 50 años, todos ellos de duro batallar y agonizar. “Colombia es un país que simboliza casi todos los desafíos de América Latina, un gobierno moderado y elegido popularmente, asediado por grupos guerrilleros, por la cultura de la droga, y por un sentimiento nacional que alterna entre la responsabilidad y el pánico “. Así definió sustancialmente al país vecino el famoso secretario de Estado de la administración Nixon, Henry Kissinger en su reciente libro “Years of Renewal” (Simon & Schuster 1999). Y se confirmó la semana que pasó.

Una guerrilla que acogota al pueblo

El cáncer subversivo, que por 50 años viene minando la vitalidad económica del país y la convivencia ordenada y pacífica de la nación, sigue obstinado anacrónicamente en hacer ingobernable a Colombia. Como lo afirmaron en su tiempo, connotados intelectuales de izquierda en Colombia: “las guerrillas no han sido protagonistas del cambio: no han tomado el poder, y no han hecho la revolución. Ni siquiera han servido de catalizadores de la reforma del sistema”.

El permanente accionar de 15.000 hombres alzados en asmas (FARC y ELN), destruyendo metódicamente la infraestructura energética (oleoductos y tendidos eléctricos), vial y productiva del país, extorsionando o secuestrando a comerciantes, comunicadores, empresarios agrícolas e industriales, intimidando a toda la sociedad con actos de barbarie inaudita (como el collar de explosivos con que volaron a la campesina, Sra. Elvia Cortés Gil, por no cancelarles 7.500 dólares) , es en esta coyuntura el mayor y más grave factor que atenta contra la gobernabilidad de 40 millones de colombianos.

Un presidente de espaldas al pueblo

Tras el fracaso inocultable del “despeje” (o “despojo” según obispos de Colombia) de la zona del Caguán (42.000 km en donde el nuevo gobierno dio tanto a cambio de nada, el presidente Pastrana sigue ahora ilusionado con el experimento, y presionando -aun con la fuerza- a miles de pobladores de varios municipios del sur de Bolívar y Magdalena Medio que se resisten a que se “despeje”su territorio para otro eventual “dialogar” (bla, bla, bla..), esta vez con el ELN.

Si en 1998, “Tiro Fijo” quizás ayudó a inclinar la balanza del electorado a favor de Pastrana con el cuento de que con él sí haría la “paz”, y el nuevo presidente -como aprendiz de brujos taironas- hizo del proceso de paz la gran bandera de su gobierno, hoy el mismo jefe guerrillero y su adlátere (el “mono Jojoy”) lo está ayudando a “tumbar”. A la opinión nacional en un 70% le está pareciendo que Pastrana “ha mostrado un himen demasiado complaciente” con la guerrilla, que viene capitulando incondicionalmente cediendo Estado (en su monopolio legítimo de la ley, del tributo y de la fuerza) y que necesita implementar una acción fuerte y desalentadora frente a tanta arrogancia, criminalidad y barbarie de la subversión armada.

Es una enorme equivocación querer gobernar contra la opinión general y la voluntad popular (expresada en un plebiscito de 10 millones de votos), que defiende celosamente la soberanía nacional y una paz en democracia.

Un congreso que desvirtúa la voluntad del pueblo

Para completar el cuadro de los “enredos” recientes en que se está embrollando la gobernabilidad de Colombia, la apropiación indebida de dineros públicos que hizo (por contratos millonarios a fines de diciembre pasado) la mesa directiva de la Cámara baja, puso en evidencia la grave corrupción en que sigue incurriendo parte de la clase política, bien asentada en curules del parlamento. La airada pero improvisada reacción (aunque con apoyo de la opinión nacional) del Presidente Pastrana se le convirtió en soga (pero sin llegar a collar explosivo) para su propio cuello. La propuesta de una convocatoria pronta a referéndum popular —cuya pieza vertebral era la revocatoria del mandato de los actuales congresistas—, dado que el Liberalismo domina ampliamente el Congreso, le costó la “baja” del Ministro del Interior (Martínez Neira) y de su eficiente secretario privado (Juan Hernández) y la amenaza de incluir en el referéndum también el adelanto de las elecciones presidenciales. El país político no acaba de sintonizar con el país nacional, que ha expresado clara voluntad de cambio, de honestidad, de paz.

No choque de trenes

Lo que parecía inevitable, con grave perjuicio para la recuperación del país y su institucionalidad (Congreso vs. Ejecutivo) se evitó, con una hábil movida de las agujas de la carrilera, que acordaron en reunión difícil (el pasado viernes 26) personeros del mundo político, empresarial y gremial. Optaron por la responsabilidad frente al pánico. Todos estuvieron de acuerdo en salvar, como fuera, la reactivación económica que ya comenzó a darse en este primer trimestre del 2000. Se agilizarán cambios y medidas contra la corrupción a través de legislación ordinaria; no habrá revocatoria de mandatos; y se medirán las fuerzas de los actores (Congreso y Ejecutivo), corriendo por sus propios rieles, en el año electoral del 2002. No se habló de la reconducción del proceso de paz, pero tendrá que venir también, si se quiere gobernabilidad en Colombia.

29 mayo 2000