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El
ojo del huracán
Este
se ubica en los 20 meses que lleva el gobierno
de Ernesto Samper Pizano y que, por acumulación
de factores, podría designarse como
un período de crisis. Crisis que
tiene tres ingredientes principales: primero,
el de un proceso incipiente de modernización
del Estado-nación; segundo, la intromisión
exagerada que viene teniendo Estados Unidos
en lo interno de otros países, dada
la globalización de la economía,
la internacionalización de los diversos
procesos de naturaleza política y
cultural y la concentración militar
por parte del Coloso del Norte, con sus
sesgada concepción de seguridad nacional;
y tercero, la creciente penetración
del narcotráfico en la sociedad colombiana,
tanto en la economía como en la política
y la cultura.
Tras la reforma del Estado en Colombia (
nueva Constitución de 1991), la Justicia
con sus nuevas instituciones (Fiscalía
General de la República, Corte Constitucional
y otras) adquirió autonomía,
seriedad, ámbito nacional eficaz.
Estados Unidos ha presionado ferozmente,
siguiendo su propia política antinarcóticos,
cuyos intereses no coinciden necesariamente
con los de los países productores
y comercializadores. Y la penetración
del narcotráfico en todo el panorama
nacional, fenómeno identificado desde
1980, reventó pública y escandalosamente
con el llamado Proceso 8.000, exigiendo
la cabeza de Samper en una especie de catarsis
nacional.
Primer
acto: el Proceso 8.000
Tras
la aparición de unos llamados narco-casetes
(entregados el 17 junio 1994 por el candidato
presidencial perdedor, el conservador Andrés
Pastrana), la Fiscalía General de
la Nación llamó a declarar
ante ese ente acusador a los dirigentes
políticos y demás personas
que aparecían mencionadas. El entonces
Fiscal General, Gustavo de Greiff, ordena
el 16 de agosto (9 días después
de la posesión del presidente) archivar
el caso. El nuevo Fiscal General, Alfonso
Valdivieso, reabre la investigación
del caso y con fecha 25 abril 1955, envía
a la Corte Suprema de Justicia una copia
del documento fichado con el número
8.000 de la Fiscalía, que busca establecer
si 9 congresistas y 2 funcionarios, previamente
escrutados, recibieron para su campaña
electoral pagos por empresas de fachada
del Cartel de Cali. A partir de allí,
como en cascada, parte de la actual clase
política colombiana es indiciada,
llamada a declarar, puesta tras las rejas,
contándose entre ellos altos funcionarios
del gobierno de Samper, congresistas, personajes
tales como el ex-Tesorero de la campaña
electoral de Samper (Santiago Medina), su
ex-gerente y Ministro de Defensa (Fernando
Botero Zea), el Procurador General de la
Nación (Orlando Vásquez Velásquez).
Proceso en el que inevitablemente salió
a relucir el actual presidente Samper, con
su presunta responsabilidad en el ingreso
de dineros de dudosa procedencia en la financiación
de su campaña y, al menos, el conocimiento
que tuvo de todo ello. Este es el llamado
Proceso 8.000 , que viene a derivar en la
presunta culpabilidad del Presidente Samper,
en acciones antes de su posesión,
y que podrían ameritar un eventual
juicio penal, ya presidente. Pero la Constitución
Política de Colombia es taxativa
en su artículo nº 199, cuando
afirma que “el Presidente de la República,
durante el período para el que sea
elegido…no podrá ser perseguido
ni juzgado por delitos, sino en virtud de
acusación de la Cámara de
Representantes y cuando el Senado haya declarado
que hay lugar a formación de causa”.
Segundo
acto: el Legislativo en función de
juez
El
4 de agosto de 1995, la Comisión
de Acusaciones de la Cámara (compuesta
por 13 miembros y presidida por el representante
liberal Heine Mogollón) recibe oficialmente
la copia de las supuestas pruebas que obraban
contra el presidente Samper en el proceso
8.000, recogidas acuciosamente por el Fiscal
General de la Nación (Alfonso Valdivieso),
como ente competente que era para investigar
pero no para juzgar al presidente de la
República.
Todo el país metió baza en
el asunto. Y además la Potencia del
Norte introdujo su mano peluda y puso a
funcionar sus múltiples tentáculos.
Se prendió la guerra de todos contra
todos. No sólo contra la persona
del Presidente Samper y su desempeño
presidencial, sino sobre todo contra la
imagen simbólica que él estaría
encarnando de la Política corrupta,
rechazada por importantes fuerzas vivas
del país y descertificada desde el
exterior. Prácticamente todas las
instituciones se han politizado, para bien
o para mal. La Prensa y la Justicia quedaron
atravesadas por la política, por
esa trama oscura de intereses que determina
los conflictos y las alianzas. La radio,
la televisión y los medios escritos
han tenido su gran momento. El “rating”
de Señal Colombia en estas últimas
semanas ha sido de un 40%, mayor que el
de los noticieros y telenovelas. Los Medios
de comunicación, a más de
un peso económico enorme que ya tienen,
vienen buscando un rol político desorbitado
como lo tienen en otros países (piénsese
en lo ocurrido similarmente con el PRI/Televisa
en México y con O Globo/Collor de
Melo en Brasil). Pero desde ya se puede
afirmar que los Medios quedarán estigmatizados
por la profunda e irremediable politización
en que se dejaron entrampar por este proceso.
La Justicia encontró que era su gran
oportunidad histórica para rehabilitarse
ante la opinión nacional y ha actuado
eficazmente, con el respeto y libertad que
le han otorgado los otros dos poderes públicos,
entre ellos el mismo Ejecutivo. Pero se
ha insinuado también la sospecha
de que esta rama está sirviendo asimismo
intereses y apetencias políticas
hacia el futuro, del Fiscal y jueces, para
desacreditar la clase política y
capitalizar la crisis. En frase célebre,
se ha denunciado “la politización
de la justicia y la justicialización
de la política”. La Iglesia
Católica - la institución
de mayor credibilidad en Colombia, en actitud
moralista compacta, expresada a través
de su Jerarquía, pidió desde
el comienzo del proceso la renuncia, al
menos temporal, del señor Presidente.
Los grandes empresarios, no en su totalidad
pero sí en mayoría significativa,
angustiados por la perspectiva de las amenazas
económicas de E.U.A., han intentado
formar un bloque fuerte de presión
solicitando el relevo de Samper, con cualquier
fórmula. Por el contrario, las confederaciones
sindicales y estamentos populares, que han
visto con buenos ojos el Programa Social
con el que se ha comprometido Samper, siguen
apoyándolo y denunciando como “conspiración
burguesa” y producto de la nostalgia
neo-liberal del gobierno anterior, los intentos
de agrupamiento en contra de la permanencia
de Samper. Es decir, el país no sólo
se ha polarizado sino se ha escindido por
mitad en una como especie de lucha de clases,
cuyas fronteras no son exactamente las partidistas.
Las Fuerzas Armadas en esta situación
tensa y delicada, han sabido mantener una
discreta pero firme actitud de respaldo
a la legitimidad de la presidencia, aunque
hubiere dudas sobre la persona del presidente
y a pesar de voces que como la de Fernando
Botero (ex-ministro de Defensa) abiertamente
les han propuesto la salida del golpe.
La
Comisión de Acusaciones de la Cámara
de Representantes , compuesta por 13 miembros,
acogió por mayoría, a finales
de Mayo, la fórmula del presidente
de dicha Comisión y de otro representante
liberal, a favor de la preclusión
del caso Samper, y desechó la de
condena por delito penal para ulterior juicio
en el Senado (que había defendido
y redactado el representante conservador).
Como tal fue entonces presentada la propuesta
de exoneración de Samper para ser
discutida en debate público y televisado
por la plenaria de la Cámara, la
cual debía adoptar una decisión
en un lapso de 15 días hábiles.
Recordemos que la Cámara de representantes
está actualmente compuesta por 165
legisladores (elegidos el 13 marzo 1994),
distribuidos así: 93 liberales, 58
conservadores y 14 de otros movimientos.
Tercer
Acto: sentencia ajustada a Derecho
Para
quienes tuvimos la oportunidad de seguir
sustancialmente el debate televisado, durante
50 horas, en el que participaron cerca de
70 representantes, nos queda la impresión
de que fue un debate abierto, sin cortapisas,
serio, de altura y con plenas garantías
para todos los que quisieron intervenir;
debate que no careció en ocasiones
de momentos solemnes, emotivos y aun pintorescos.
Personalmente me vi obligado a revisar posiciones
mentales que había adoptado previamente
como politólogo y filósofo,
ante las exposiciones magistrales y argumentos
jurídicos de verdaderos maestros
en materia penal colombiana, que nos dieron
cátedra desde el podio de la Cámara.
Cuando se trata de juzgar jurídica
y penalmente a un ciudadano por supuesta
comisión de delito, hay que hilar
muy delgado, ajustándose plenamente
a la letra de la Constitución y de
las Leyes del propio país. Hay que
respetar el debido proceso, hay que valorar
objetivamente el peso de los indicios y
supuestas pruebas aducidas, sin introducir
elementos subjetivos de interpretación,
ni aduciendo exigencias éticas que
pueden ir más allá de las
asumidas por la ley en concreto que penaliza
el acto. “In dubio pro reo”.
Cuando no hay plena evidencia, la duda debe
favorecer al reo. Como el caso sometido
a juicio del Congreso era si a propósito
del ingreso de dineros provenientes del
cartel de Cali a la campaña presidencial
podía configurarse delito imputable
a la persona del Presidente, el debido proceso
fue dejando tendidos por el camino los testimonios
(aducidos por la Fiscalía) de los
señores Medina y Botero (Tesorero
y Gerente de la campaña respectivamente)
por contradictorios entre sí, interesados
y no veraces en muchos puntos. No se acogió
la tesis de que había habido enriquecimiento
ilícito imputable a Samper, por no
haber habido aumento patrimonial suyo ni
de su familia, con dineros que además
no están penalizados por no haber
habido todavía sentencia en firme
como narcotraficantes sobre los señores
Rodríguez Orejuela, quienes aportaron
a la Tesorería de la campaña
liberal. Al haber el Consejo de Estado eliminado
por anticonstitucionales los topes fijados
por el ente electoral para los gastos de
campañas, no constituye ya delito
haber superado dichos topes y no haberlos
declarado. Reuniones de trabajo del Presidente,
ya posesionado, con ministros y asesores
suyos en el Palacio de Nariño, no
pueden aducirse como actos de “encubrimiento”
de delitos no cometidos.
Finalmente, la acusación de “indignidad”
no puede recaer sobre el Presidente por
supuestos actos delictivos antes de asumir
el cargo. Se configura solamente por actos
en ejercicio de la Presidencia.
En
sesión histórica, al filo
de la medianoche del Miércoles 12
de Junio, los representantes de la Cámara
en sesión plenaria, llamados a lista
individualmente y ante los micrófonos
y las cámaras de TV. emitieron su
voto en conciencia, que dió por resultado:
111 votos a favor de la proposición
de “preclusión” de los
cargos de delito procesal y de indignidad
política del presidente Samper y
43 votos en contra. El caso, por lo mismo,
queda cerrado, sin que haga curso ante el
Senado para eventual juicio por la Corte
Suprema de Justicia, y no puede enjuiciarse
de nuevo al Presidente por lo mismo !
¿Qué
viene ahora ?
En
su alocución televisada de 40 minutos
al país, el Presidente Samper el
Jueves 13, en tono sereno y firme, sin jactarse
por la victoria obtenida, se mostró
conciliador con las fuerzas que tan duramente
le venían adversando. Aceptó
que el proceso le resultó muy costoso
al país, al que dividió en
dos bandos. Propuso en concreto, dos planes
de inmediata aplicación. Uno de re-institucionalización,
con reformas estructurales y nuevas normas
que deberán prevenir que una crisis
semejante vuelva a ocurrir en Colombia.
Y otro de profundización y endurecimiento
de la lucha antinarcóticos, que pensamos
puede halagar los oídos de Washington,
al que sin embargo el Presidente puso en
su sitio por indebida injerencia en los
asuntos internos del país. Aunque
no hubo rompimiento de la institucionalidad
democrática, el país debe
reconstruirse y avanzar en su gobierno hasta
el final de su período constitucional
en 1998. Se descarta, por consiguiente su
renuncia y otra alternativa que, en un momento
de presión nacional, pudo haberse
asomado, como el de convocar a un plebiscito
popular para refrendar su mandato. Con la
absolución de Samper queda planteado
todavía en Colombia un grave problema
de “gobernabilidad”, es decir,
de conducción legítima del
país, con apoyo popular y de las
categorías dirigentes, con eficacia
y tino en la solución de los problemas
ya crónicos y los nuevos que han
aparecido.
Personalmente me atrevo a pensar que las
cualidades y dotes que mostró Samper
durante esta larga crisis de 20 meses, junto
con cierta sindéresis y moderación
democrática que se ha visto existe
en el país vecino, facilitarán
que el enfermo salga de cuidados intensivos
y se recupere. Samper acaba de mostrar unas
cualidades que no se le vieron durante su
campaña. Cuando fue candidato era
pésimo en la televisión. Ahora
se ha convertido en uno de los mejores comunicadores
por la pantalla chica. Ha mostrado que mentalmente
es ágil como una cuchilla para contestar
preguntas a quemarropa. Forja frases impactantes
como pocos. Su carisma personal no sólo
sale a flote en público, sino también
a nivel privado donde sus dotes de seductor
fascina a amigos y neutraliza enemigos.
Cuando se encuentra acorralado recurre a
un cinismo socarrón, que se convierte
en su mejor coraza. Y cuando ese cinismo
no es suficiente, echa mano de otro as que
tiene en la manga: el populismo. Cada vez
que sus enemigos le sacan los colmillos
de su poder económico y de sus medios
de comunicación, él saca del
cubilete sus multitudes: hordas samperistas
convencidas ahora, más que antes,
de que el Presidente es hombre bueno y bien
intencionado que quiere ayudar a los pobres
y por eso los ricos lo quieren tumbar; que
quiere hacer grande a Colombia y por eso
los gringos lo quieren sacrificar para escarmiento
de otros pobres países a quienes
la Potencia del Norte quiere someter también.
Samper no se cae ni a baculazos de los
obispos, ni a sombrerazos de empresarios,
ni a garrotazos del Tío Sam. Ahora,
más que antes, puede decir: “A
mí me sostienen en la Presidencia:
1) el de Arriba, el Corazón de Jesús
de Colombia, que no me suelta; 2) el de
Abajo, el Pueblo que me eligió y
que me apoya; y 3) la verdad procesal, que
me ampara, por si acaso”.
24 junio 1996
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