A un año de las elecciones presidenciales, las escuderías políticas ya han encendido motores y comienzan a posicionarse buscando una ‘pole position’ ventajosa para cuando se de la largada electoral. Tres factores han coincidido para que en esta coyuntura el ruido de los motores sea ensordecedor y sea difícil prever el inminente proceso electoral y sus resultados.

El Liberalismo

Con su emblemático rojo y sus potentes motores (estilo Ferrari), el Partido Liberal (PL) ha sido el gran protagonista de 157 años de historia democrática colombiana. Hace 15 días acaba de realizar su segunda gran asamblea nacional en Bogotá, posicionándose para la dura prueba que deberá enfrentar –con unidad de mando, de organización y de programa de gobierno- de cara al descomunal desafío que representa Uribe Vélez, si va a la reelección. Por lo pronto logró coincidir en una jefatura única de César Gaviria –quien fuera presidente modernizador de Colombia de 1990 a 1994 y luégo buen Secretario General de la OEA por 10 años.

Moderado por convicción y pragmático negociador por estilo, sorprendió a todos en su discurso para la nominación de Jefe del PL, por la vehemencia de sus críticas al presidente Uribe, que arrancó más aplausos de la asamblea partidista que los recibidos por su antagonista Horacio Serpa, quien busca ser escogido en marzo como el candidato oficial del PL. Fuera de él, otros posibles candidatos liberales, y con buenos méritos, son Enrique Peñalosa (exitoso ex alcalde Bogotá), Alfonso Gómez Méndez (ex fiscal general de la nación), Rafael Pardo (ex ministro de defensa), Cecilia López (ex ministra de agricultura y de medio ambiente, ex directora de planeación nacional) y Rodrigo Rivera (ex presidente del Congreso). Por fuera del Liberalismo, por el Polo Democrático de izquierda está ya seleccionado como candidato a la presidencia Antonio Navarro (ex guerrillero del M-19 y copresidente de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991) y Carlos Gaviria Díaz candidato de la coalición de izquierda Alternativa Democrática (senador y ex magistrado de la Corte Constitucional). Por su lado como “jinete solitario” aspira Antanas Mockus (prestigioso ex rector de la Universidad Nacional de Colombia, y ex Alcalde de Bogotá por dos períodos no consecutivos).

La Presidencia de Uribe

La narcoguerrilla de los años 90 enredó a Colombia con Estados Unidos, la industria violenta del secuestro volvió al país invivible y las atrocidades de las Farc-Eln aclimataron en la población colombiana un complejo de enjaulamiento en su propio territorio. Tras los años perdidos de Samper (1994-1998) y el desfase entreguista de Pastrana (1998-2002), Uribe recibió el mandato contundente de acabar con la guerrilla y demás agentes de la violencia armada. Y Uribe le viene cumpliendo al país. Su objetivo ha sido llevar el Estado a todo el territorio nacional para que la gente pueda vivir en democracia con desarrollo. Gracias a un liderazgo personal sin desfallecimiento, a un esfuerzo fiscal sin precedentes reconocido por el FMI, a la modernización de las instituciones, a la asistencia de Washington, al endurecimiento de las leyes y a la invaluable colaboración de la ciudadanía, Colombia ha vuelto a recuperar la esperanza. La gente se siente más segura y toma conciencia de que hay mejores condiciones para un crecimiento económico sostenible. Aunque no se ha desterrado el clientelismo político del todo, hay una meritocracia en marcha, y un inicio de reforma del sistema político que va a robustecer los partidos y hacerlos más coherentes en el Congreso, funcionando por bancadas y no por individualidades. Ha habido reestructuraciones en empresas estatales que ningún gobierno había encarado, como Telecom (comunicaciones), Ecopetrol (petróleo y gas) y el sistema pensional, con una nueva ley que acabó con los costosos regímenes especiales y se espera solucione la megadeuda que el país había acumulado en las últimas cuatro décadas. Según el reciente estudio del Banco Mundial, que analiza (con base en seis dimensiones) la gobernabilidad de los países, Colombia mejoró sus indicadores de gobernabilidad en los últimos dos años. En la calidad de los controles a la corrupción supera al 52.2% de los países y en la efectividad del gobierno supera el 51% de los países estudiados. Comentando dicho informe, el vicepresidente Francisco Santos expresó el pasado 18 de mayo: “Le torcimos el pescuezo a la curva descendente que traía el país. Nos miraban como un Estado fallido”.

La inserción de los paramilitares

Ha sido un proceso difícil, riesgoso, complicado y en un escenario público tanto nacional como internacional, con exigencias y recomendaciones de todo tipo (a veces excluyentes entre sí). ¿Cómo conciliar en una ley pragmática, funcional y válida para todos, la entrega efectiva de hombres y armas de unos 20.000 sediciosos de las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia) en aras de la Paz y que, a la vez, impere la Justicia por sus crímenes? Ellos, por fuera del Estado legítimo, venían defendiendo (desde el 3 diciembre 1981 cuando se creó M.A.S, Muerte a los Secuestradores) a terratenientes y regiones acosadas y afectadas brutalmente por las guerrillas. La oposición dentro del país y los organismos internacionales aspiraban a que la ley dentro de la cual se va a hacer el proceso tuviera más de sometimiento a la justicia que de favorabilidad política para quienes se entreguen. El gobierno de Uribe privilegia la búsqueda de la paz y sacrifica un poco la búsqueda de la justicia. Ha dicho que “tanta verdad [de confesión] como sea posible y tanta justicia [en aplicación de penas] como sea necesaria”. Tras 18 meses de diálogos, discusiones y negociaciones, el pasado 21 de junio el Congreso, en plenaria de las dos Cámaras, aprobó la nueva Ley de Justicia y Paz. Muchos no quedarán satisfechos, pero dentro de la coyuntura atípica colombiana y de los requerimientos de dar una solución soberana a su grave problema interno de violencia es lo más a lo que se podía aspirar. Comienza ahora a manejarse la hipótesis, por parte de la oposición radical, de que los nuevos insertados a la vida civil, sin delitos atroces -debido a su influjo, dinero y organización en muchas regiones del país- podrán inclinar favorablemente la balanza del poder político a favor de la reelección del presidente Uribe.

La gran encuesta de opinión

El pasado domingo 19 de junio, el país conoció – a través de El Tiempo y otros medios- la especial encuesta, realizada por tres firmas diferentes, que abarcó 2.500 encuestados –con entrevista personal y no telefónica- en 60 municipios de todas las regiones y las cinco principales ciudades capitales. La encuesta muestra una media mayor del 60% a favor del Presidente y un 30% que se le opone. Es decir, el mandatario mantiene una relación de más de dos a uno frente a quienes no están de acuerdo con él. Y esto en todos los estratos: más del 70% en los estratos 4, 5 y 6; y entre 65% y 60% en los estratos 1, 2 y 3. El respaldo a Uribe es nacional, tanto en regiones geográficas como en estratos sociales. No hay pues fundamento para afirmar que el país está polarizado. Todos son uribistas, aunque el 23,6% de los encuestados no votó por él: están los uribistas a ultranza; están los uribistas razonables, moderados y pragmáticos; y están los antiuribistas furibundos.

En conclusión, no es la gran ilusión del Mundo feliz de Huxley (María Jimena Duzán) pero tampoco es el Apocalipsis prometido por las Farc y un sector extremo de la izquierda. Es el “camino correcto” por el que viene recorriendo Colombia, en frase de Bill Clinton, en su reciente visita a Bogotá.

27 junio 2005