| Colombia
acaba de confirmar que es un caso singular
e inédito en nuestro subcontinente.
En medio de carencias y problemas que agobiarían
a cualquier otro país, sigue avanzando
en desarrollo con gran respeto del republicanismo
y de la democracia constitucional. El presidente
Uribe - con un promedio de 70-80% de popularidad
durante su doble mandato de 8 años-
ha aceptado sin chistar el veredicto de
la Corte Constitucional del pasado 28 de
febrero que deja sin piso la Ley del Congreso
nacional que viabilizaba un referendo popular
para su segunda reelección.
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Un país de larga tradición
electoral y de leyes
Con cierta exageración, Rómulo
Betancourt afirmó que “Colombia
es la universidad electoral de América
Latina”, ponderando la regularidad
del rito del sufragio que existe allí
y el papel de laboratorio experimental que
los procesos políticos colombianos
tienen para los países vecinos. Desde
sus comienzos como República, en
Colombia siempre se ha votado. Es el país
del mundo que ha tenido mayor número
de comicios o elecciones generales. Un promedio
de uno por cada dos años.
A lo que se añade un notable apego
(por parte tanto de gobernantes como de
gobernados) a la Constitución política
vigente. La de 1886 estuvo vigente por más
de 100 años, hasta la actual de 1991.
Para la reelección inmediata del
Presidente en el 2006, fue necesario un
difícil y laborioso proceso de reforma
constitucional. Y para este mismo intento,
la correspondiente reforma constitucional
quedó abortada por decisión
casi unánime de la Corte Constitucional.
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¿Qué pasó?
El presidente Uribe no fue quien presentó
a la opinión pública la propuesta
de otra reforma constitucional que le permitiera
ir a una segunda reelección. Fue
un grupo de amigos y áulicos de su
entorno (aduladores del poder) quienes tuvieron
la iniciativa y son los responsables políticamente
del fracaso. Ellos recogieron firmas (5
millones) por todo el país y las
financiaron; presentaron un proyecto de
ley al Congreso, que sacaron adelante con
dificultades tanto en la Cámara baja
como en el Senado. El presidente Uribe -por
motivos que no se conocen y sin estar convencido
de la reelección- dejó correr
las aguas sin mover un dedo ni interferir
en el proceso. La ley aprobada por el Congreso,
que convocaba a un referendo popular, debía
pasar –como es de rigor- por el visto
bueno de la Corte Constitucional en un plazo
apremiante ante las fechas de las elecciones
parlamentarias (14 de mazo) como presidenciales
(30 de mayo).
La Corte –tras deliberaciones y con
total autonomía, 7 votos contra 2-
en su sesión plenaria del 26 de febrero,
emitió su veredicto de inexequibilidad
de la ley. Sus argumentos fueron: financiación
de firmas que superó 5 veces el tope
autorizado, el Senado cambió la pregunta
que había aprobado la Cámara,
hubo trasfuguismo de 5 liberales que votaron
sin acatar la orden de su bancada de partido,
no hubo certificación del Consejo
Electoral y sí vicios de forma.
De inmediato, el presidente Uribe en actitud
modelo de acatamiento al Estado de Derecho,
aceptó y respetó
la decisión de la Corte, señalando
que “seguiría sirviendo con
amor a Colombia desde cualquier trinchera”.
•
El derby de las elecciones
El calendario electoral se mantiene. Al
no poder Uribe ser el candidato preferido,
se abrieron las compuertas de una afanosa
carrera para los candidatos al solio presidencial
en una primera vuelta electoral fijada para
el 30 de mayo próximo. Previamente
el electorado colombiano está convocado
para el próximo 14 de marzo, cuando
se elegirán 102 senadores, 166 representantes
a la Cámara y 5 al Parlamento Sandino.
En el mismo comicio, con tarjetón
diferente, se consultará a los miembros
del Partido Conservador y del Partido Verde
para elegir su candidato presidencial. Comentaremos
este ajedrez político.
Conclusión.
Uribe deja un legado valioso e imborrable
de estadista y presidente. Tras su administración
de 8 años queda un país mucho
mejor del que recibió en el 2002:
más seguro, más sólido
y convivible, más desarrollado y
promisorio.
14 marzo 2010 |