Un proceso dificil

Más que cualquier construcción de un edificio sólido, funcional y estético, la fábrica de la Paz en Colombia requiere de varios factores confluyentes de difícil concertación. El principal problema está en los actuales agentes de la Violencia, eventuales constructores de la Paz.

• La guerrilla izquierdista tiene que convencerse de que ya pasó su 'hora".Ha demostrado en 40 años su inutilidad. "Ni ha sido protagonista del cambio -no ha tomado el poder, no ha hecho la revolución-, ni ha servido de catalizador de la reforma del sistema. Al revés: le ha dado los pretextos para no reformarse y hacerse, por el contrario, más represivo"(Antonio Caballero). La actual sociedad latinoamericana no está dispuesta a embarcarse en la aventura de otro "socialismo real", mala copia del que comenzó a derrumbarse por el mundo en 1989. Y menos aún, hay apoyo para intentar un proyecto socialista por medio de la metodología de violencia armada. Resulta anacrónico y fuera del tiesto. De acuerdo con Gramsci (gran ideólogo revolucionario italiano), el Estado actual colombiano no es el foco de poder débil y embrionario de la época de los zares; ni la actual sociedad colombiana es tan gelatinosa y fácilmente dominable como lo era la francesa de fines del siglo XVIII o la rusa a comienzos del XX. Si la izquierda marxista en Colombia quiere contribuir a construir una nueva sociedad, debe adoptar un proyecto viable y diferente, francamente democrático, sin pretensiones hegemónicas ni dictadura de partido, compatible con un capitalismo de mercado.

• Los grupos de auto-defensa paramilitar, que son hoy parte activa del conflicto, han dejado claro que su accionar es la respuesta, parcialmente válida, de unas regiones y comunidades que, por ausencia del Estado, se encuentran indefensas frente al boleteo y extorsión guerrillera y que depondrán las armas y se reintegrarán a la vida civil, tan pronto como las FARC y el ELN lo hagan (Fabio Castaño, jefe nacional de las ACC).

• El narcotráfico ha venido, en mala hora, a insertarse en el problema, acentuando la curva de violencia. El Cartel de Medellín (Rodríguez Gacha y Pablo Escobar) declaró al país, en 1989-1990, una guerra despiadadamente terrorista que tuvo por blanco a miembros de la Fuerza Pública (militares y policías), a figuras nacionales de la política, de la justicia y del periodismo. Los abundantes dineros de los narcos pagan a la guerrilla, por un lado, la seguridad que dan a sus cultivos y laboratorios; y financian, por otro lado, acciones paramilitares de autodefensas y grupos de sicarios que cometen asesinatos o genocidios por encargo. "El dinero del narcotráfico sirve tanto para estimular la violencia de la revolución, como para estimular la violencia de la contrarrevolución"(Horacio Serpa). La lucha antinarcóticos de Colombia es hoy parte condicionante de su lucha por la Paz. Así lo entiende y practica el actual presidente Samper y no podrá ser menos por parte de su futuro sucesor (o sucesora), desde el 7 de agosto de 1998.

• Los gobiernos de turno, en estos 40 años, unos liberales y otros conservadores, han sido todos republicanos, nacidos legítimamente de la voluntad popular. A ninguno de los 10 gobiernos que ha tenido Colombia desde 1958 se lo puede tildar -con fundamento serio- de régimen de fuerza, opresivo o despótico. Todos ellos han gobernado ajustados a la Constitución vigente, dentro de un Estado social de Derecho. Y todos han tenido que lidiar con el problema de la violencia generada por la subversión armada. En su propósito de desmontarla, unas Administraciones han ensayado la política de mano dura (Valencia, Turbay Ayala); otras han aplicado una política generosa de diálogo y amnistía (Betancur); y el resto la combinación de ambas (Lleras Camargo, LLeras Restrepo, Pastrana, López, Barco, Gaviria, Samper). Pero el problema subsiste, a pesar de la nueva Constitución de 1991, que abrió espacios políticos para todas las minorías y la ulterior pacificación y legalización de movimientos y grupos como el M-19, Quintín Lame, PRT y un sector mayoritario del EPL. Actualmente hay un sector de opinión pública creciente en Colombia que apunta a señalar la debilidad estructural y funcional del Estado colombiano como la fuente de todos los males. Este sector desearía un próximo gobierno de mano fuerte, quizás de corte militar y populista, que desde una posición de mayor poder pudiera negociar en mejores condiciones la Paz con la guerrilla. El actual gobierno de Samper, ya en su ocaso y a pesar de su falta de credibilidad coyuntural, ha creado un Consejo Nacional de Paz y propuesto una metodología de conciliación y paz, con participación internacional ya acordada por parte de España, Venezuela, México, Costa Rica y eventualmente de Cuba.

• La sociedad civil ha sido hasta ahora la víctima más afectada por el fuego cruzado de los agentes de violencia. En muchos años ha sido intimidada y acallada por todos ellos. Pero comienza a despertar, a ponerse de pies, a tomar el destino en sus manos. El 26 de octubre expresó plebiscitariamente su voluntad a favor de la Paz y la Democracia; expresó con votos que no acepta la imposición de las balas. Este Mandato popular del colectivo no puede ser desconocido por esa minoría del 0.05% de la población (cinco por mil), que pretende seguir imponiendo hipotéticas soluciones por medio de las armas y del terrorismo. Basado en este hecho masivo (sociológico y político), que constituye una victoria irrefutable de opinión, el Gobierno puede contar con el apoyo popular para un buen proyecto de Paz y Democracia.

10-11-97