En la coyuntura difícil por la que atraviesa Colombia (cuando poderes paralelos al Estado afectan su gobernabilidad), hace su aparición -como oportuno remolque salvavidas- un proyecto de rescate de la democracia en peligro. La injerencia de EUA en los asuntos de Colombia se mantiene, pero ha cambiado de signo. De una “diplomacia coercitiva” que intentó sacar del poder al presidente Samper (liberal), se ha pasado a una “diplomacia amistosa” que busca apuntalar la gobernabilidad de la administración Pastrana (conservador). Quedaron atrás los años de mutuo recelo y desconfianza. Y se ha puesto en marcha un compromiso estratégico de largo plazo entre Washington y Bogotá. El Plan Colombia quiere ser una solución integral y ambiciosa para un problema con múltiples causas. Busca un apoyo de la comunidad internacional, no sólo en la obtención de recursos, sino en el respaldo político que facilite a Colombia su gobernabilidad con el fortalecimiento de sus instituciones. El Plan —a la vez y con un mismo aliento— va a favorecer: 1) la gobernabilidad interior del país frente a los dos agentes más deletéreos (narcotráfico y guerrilla) y 2) los legítimos intereses de Estados Unidos y la Unión Europea para una acción mucho más efectiva contra la peste mundial de la droga.

Características del plan

El Plan integral contempla una inversión de $ 7.500 millones de dólares. Colombia aporta recursos propios del orden de $ 4.000 millones, EUA los ya aprobados y en la reunión de Donantes del Grupo de Apoyo a Colombia en Madrid (6 y 7 de julio), bajo los auspicios del Gobierno de España, de las Naciones Unidas y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se concretó un significativo aporte de los países europeos para ir redondeando el resto de $ 2.181 millones.

Es posible que el Plan se le haya impuesto a la administración Pastrana más por presión de la opinión nacional colombiana y de la opinión norteamericana, que por convicción propia, puesto que implica un viraje fuerte en la forma como estaba llevando el proceso de paz e implica la adopción de más efectivas acciones antidrogas. De todos modos, el gobierno de Pastrana anunció el Plan como política suya de Estado en noviembre 1998; desde abril del 99 lo cocinó y armó cuidadosamente con ayuda de expertos de su entorno; y lo supo vender exitosamente a Estados Unidos y Comunidad europea, hasta obtener su aprobación por el Senado de EUA el pasado 23 de junio, con una votación de 95 votos a favor y sólo 4 en contra. Se destaca positivamente la intensa e inteligente actividad diplomática desplegada por Colombia hacia organismos claves y personajes de Estados Unidos y Europa. Dicha actividad estuvo coordinada desde Washington por la joven pareja conformada por el embajador colombiano, Luis Alberto Moreno y su esposa Febres Cordero, venezolana. Ellos organizaron 46 viajes de altos funcionarios colombianos a Estados Unidos para que justificaran y explicaran la propuesta. Invitaron a la Secretaria de Estado, Madelaine Albright, y a medio centenar de congresistas a Colombia. Ofrecieron decenas de recepciones en su casa, por la que desfilaron pesos pesados del Congreso norteamericano; y lograron que el mismo presidente Clínton se implicara personalmente en la propuesta, que hizo suya en el Discurso del estado de la Unión y luego en la solicitud urgente al Congreso de EUA el 8 de enero pasado. La reciente aprobación del Plan para el que EUA otorga inmediatamente $ 1.319 millones de dólares, se ha considerado una importante victoria político-diplomática del gobierno colombiano.

Componentes del plan

Los componentes del Plan están orientados a enfrentar los 5 desafíos más apremiantes que tiene Colombia planteados: y fortalecer las instituciones democráticas del país, y mejorar la capacidad de acción del gobierno en la lucha antinarcóticos y antiterrorista, y asegurar un mayor respeto de los derechos humanos, propiciar la reactivación de la economía colombiana, y un paquete de ayuda social que alivie el problema de los desplazados por la violencia armada y de los campesinos afectados por la eliminación drástica de cultivos de coca y amapola.

El Plan expande las operaciones antinarcóticos (especialmente al sur de Colombia donde tienen las FARC sus mejores asentamientos) y aumenta la restricción del tráfico aéreo por la región. Asimismo ataca en forma directa la fuente de financiamiento (en un 70%) de las guerrillas y las autodefensas, en tanto que prosigan en el contubernio que han tenido hasta ahora con el narcotráfico.

Asegura en forma inmediata la entrega de 30 helicópteros Blackhawk y 33 Huey repotenciados, que serán de gran utilidad para la Policía en la lucha antínarcóticos y antiterrorismo. El Plan establece condiciones muy severas para la salvaguardia de los derechos humanos (en aplicación del “Leahy Amendment”), de modo que no se le brindará apoyo a ninguna unidad de las fuerzas de seguridad colombianas acerca de la cual haya evidencia creíble de que ha cometido violaciones significativas de los derechos humanos. El Plan excluye el uso de las fuerzas armadas de los Estados Unidos; contempla la presencia solamente de un máximo de 250 asesores militares y 100 empleados norteamericanos. Nos atrevemos a pensar que el Plan, tal como está equilibradamente diseñado, puede ayudar a fortalecer la posición negociadora del gobierno colombiano frente a la guerrilla, y más que dañar el incipiente e improvisado proceso de paz, le pondrá dientes de metal para que avance como una oruga y no quede atascado en el lodo. “Si quieres la paz, prepara la guerra” (Si vis pacem, para bellum!), ha expresado la sabiduría de todos los pueblos y épocas, cuando están de por medio negociaciones realmente conducentes a una paz.

En Europa, en contraste con un apoyo entusiasta y generoso de Inglaterra, España e Italia al Plan, países como Holanda, Bélgica y algunas Ongs se han mostrado reticentes por el componente militar que conlleva. Y en Colombia ya han saltado al ruedo las FARC, denunciando que es “un plan para la guerra” y “que pondrá en peligro el proceso de paz” iniciado. Todo depende de qué están ellas entendiendo por “Paz” y por el actual proceso de diálogos para la Paz, como se ha venido teniendo por 2 años. Pues no se han visto hechos de paz por parte de las guerrillas, sino más bien un recrudecimiento de todas las formas de terrorismo, secuestro y violaciones del Derecho Internacional Humanitario.

“Palabras de paz y hechos de guerra” es lo que ha habido hasta ahora por parte de las FARC y el ELN. Es la guerrilla la que ha pervertido el proceso de paz, dándole un uso criminal múltiple a la extensa región del Caguán, que el gobierno colombiano despejó generosamente con la única finalidad de facilitar unos diálogos verdaderamente constructivos para la Paz. Una Paz real y no de palabras, que anhelan y reclaman con justicia 44 millones de colombianos frente a una minoría armada de 20.000 violentos obstinados.

10 julio 2000