Gobernabilidad

Bolivia es, en esta coyuntura, la vitrina patética de un fenómeno que comienza a ser recurrente en varios de nuestros países al sur de Río Grande. Hay una generalizada debilidad institucional. Hay desencuentro entre democracia y gobernabilidad. Referida a la conducción del Estado, entendemos por gobernabilidad la capacidad y la calidad del desempeño gubernamental, habida cuenta de los requerimientos y voluntad de los gobernados. La gobernabilidad hace referencia a la institucionalidad estatal y a las relaciones entre el Estado y la sociedad civil. Se refiere al manejo de las instancias de gobierno, pero también a las demandas sociales, a los mecanismos de legitimación política y a la estabilidad del sistema.

Gobernabilidad en caída libre

Hasta 2003, la cuestión pendiente en Bolivia consistía en cómo restablecer ciertas prácticas ya usadas para impedir el desborde de la sociedad civil sobre el orden estatal y político o en tratar de establecer nuevos canales institucionales de procesamiento de las diferencias. Pero en febrero de 2003 hubo un enfrentamiento entre la Policía y las FFAA, que mostró la enorme debilidad del aparato estatal; y en octubre, la llamada “guerra del gas” sacó a luz la fuerza de los actores populares, potenció el conflicto social y evidenció el proceso de ingobernabilidad. La política fue estrechando cada vez más sus espacios de acción. Por un lado, acciones de violencia militar; por otro lado, la toma de la calle y de las carreteras por parte de las masas, bastante dispersas y anarquizadas, unas más radicales que otras. La coalición (MNR, MIR, NFR) que apoyaba a Sánchez de Lozada (empresario minero, partidario de la inversión privada y menor papel del Estado) se fracturó y evadió los problemas reales de la sociedad emergente. Mesa ha tenido que manejar los graves desafíos apoyado en su capacidad mediática, pero sin el respaldo de una mayoría parlamentaria coherente y confiable. Y se va observando un debilitamiento progresivo del presidente, que va llegando a un nivel crítico. En este momento carece de apoyos. Ha negado sin embargo que piense renunciar y confía en que podrá guiar como timonel la nave del ejecutivo hasta agosto del 2007, sin que haya que recurrir a elecciones anticipadas. Y así lo han ratificado las FFAA. Pero son graves y acuciantes los problemas por resolver en la presente coyuntura crítica.

Problemas acuciantes

1. Ley de hidrocarburos

El petróleo y el gas son los principales recursos económicos de Bolivia, con abundantes reservas todavía no explotadas. Tras el referendum que dio luz verde, 10 meses de debates condujeron a la nueva Ley que fue aprobada en mayo por el Congreso. El presidente Mesa se tomó 10 días y la devolvió al poder legislativo sin objetarla ni aprobarla. El presidente del Congreso, Hormando Vaca Díez, la promulgó el pasado 17, afirmando que “esta ley es perfectible, pero es mejor que la vigente”. La ley que regula un sector clave en donde se centra la pugna por el poder económico y político, ha provocado un profundo malestar social, empresarial y político. Las compañías petroleras foráneas deben entregar un 18% de regalía y un 34% sobre los beneficios, fiscalmente deducibles y han manifestado que se desalientan fuertemente las gigantescas inversiones que la industria debe hacer. Por otro lado, los grupos y movimientos sociales, algunos muy radicales (más propensos a la agitación y sin calcular el riesgo de matar “la gallinita de los huevos de oro”) ya están exigiendo reforma de la ley para una total nacionalización de la gran empresa YPFB (Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos) y subir a 50% la entrega de los beneficios, sin que dicha carga fiscal sea deducible para las empresas. Bien ha advertido Carlos Alberto López que “en Bolivia nos repartimos el gas antes de sacarlo, y para eso se necesita una inversión de 1.800 millones de dólares que, con la nueva ley, difícilmente obtendremos”.

2. Referendum autonómico

Simultáneamente se viene gestando un movimiento autonomista (¿separatista?) en las dos provincias más ricas del este boliviano(Santa Cruz y Tarija) que tienen mejor minería, ganadería y agricultura que el resto del país. El Comité Cívico de Santa Cruz ya señaló, por su cuenta, la fecha del próximo 12 de agosto para la consulta, que fraccionaría el país del gran Mariscal Sucre.

3. Asamblea Constituyente

A grandes males, grandes remedios. Para acabar de complicar la situación política (según unos) o para agarrar por los cuernos al minotauro (según otros), se intentaría una solución global a los grandes problemas de desarrollo y democracia, con la propuesta de una nueva Constitución. El país debe recuperar su dinámica social y estructurar una democracia moderna. Pero refundar la República y darle estabilidad en un país en el que la eternidad del Illimani parece componerse de interinatos sucesivos es una tarea de largo aliento. Ni la agenda está bien diseñada ni consensuada y no se ve todavía quiénes puedan ser los agentes para llevarla a buen término. Es posible que Carlos Mesa, a pesar de sus dubitaciones y aparente debilidad, sea capaz de liderar el proceso de transición -como un nuevo Moisés- hasta avistar en lontananza la Tierra Prometida a los bolivianos.