En los años sesenta, se promovió la Alianza para el Progreso, que permitió a la OEA recobrar el perfil de agente de integración y desarrollo, en parte como respuesta a Castro.
En los años setenta, la OEA se vio muy marginada en los asuntos hemisféricos y entró en crisis durante los años 75 a 84. De ahí para adelante, la OEA se reorienta y concentra su atención en la consolidación de la democracia en América Latina. Hay pronunciamientos expresos a favor de la democracia representativa, como el de Cartagena de Indias, la Resolución 1080 de Santiago de Chile y posteriormente el Protocolo de Washington (1992).

El Consejo Permanente aplicó medidas apropiadas frente a una repentina o irregular interrupción del proceso político institucional democrático o del ejercicio ilegítimo del poder por parte de algún gobierno democráticamente elegido. El procedimiento ha sido invocado en 5 oportunidades para rechazar acciones de tal tipo en países miembros como Haití (1991), Guatemala (1993), Perú (1992 y 2000), y Paraguay (1996).

La OEA en estos últimos años viene tomando muy en serio su papel de salvaguarda democrática y regulador de las relaciones hemisféricas. Se ha cuidado de intervenir en misiones poco exitosas. Pero donde lo ha hecho, su acción reducida ha sido efectiva. Recuérdese cómo Gaviria actuó personalmente en 1997 para impedir que el general Lino Oviedo derrocase al presidente de Paraguay Juan Carlos Wasmosy. Y lo acontecido en Perú es de factura más reciente. Al forzar Fujimori una segunda reelección a través de unos comicios sin garantía de transparencia, la OEA emite una resolución de la que nace un mandato político para el Perú. Al principio, el gobierno peruano se negó a aceptar la participación del organismo interamericano. Pero por supervivencia debió ceder ante los embates de la opinión pública internacional. Gaviria funge como mediador y coordina en Lima las mesas de trabajo con tres actores: el gobierno, la oposición y la sociedad civil. El resto es historia. Fujimori ejerció su tercer mandato apenas por unos meses. Un súbito viaje lo llevó a Brunei y después a la X Cumbre Iberoamericana en Panamá; terminó en Japón, desde donde envió al Congreso una carta de dimisión el 20 de noviembre del 2000. Carlos Ayala Corao, expresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) - en un autorizado análisis de lo ocurrido en Perú- afirma: "El caso del Perú sentó un precedente en los registros de la OEA. Esa experiencia demostró que no basta la legitimidad que concede el voto, sino que en los sistemas democráticos actuales, la legitimidad es necesaria para el ejercicio de las funciones gubernamentales".

APLICANDO LA CARTA DEMOCRATICA

Todos los 33 presidentes y jefes de gobierno que estuvieron en la Cumbre de Québec (abril 2001) acogieron la llamada "cláusula democrática" y la suscribieron posteriormente en setiembre del 2001. Es una Carta de navegación, un señalamiento de curso a seguir, una trayectoria que debe aplicarse, un manual de comportamiento interamericano. Y es un mandato de obligatorio cumplimiento para todo país que quiera seguir perteneciendo a la familia de las Américas. Cada país en su historia política tiene su propio 'copyright'', con los matices particulares de su idiosincrasia. Venezuela tiene el suyo, irrepetible y en cierto modo atípico. Para ayudarle a buscar sus propias soluciones, el Secretario General de la OEA llega a Caracas con un trabajo ya iniciado sobre tres temas, que fueron aceptados por el gobierno y gran parte de la oposición en los llamados "Principios para la Paz y la Democracia en Venezuela". Son ellos:

* el fortalecimiento del sistema electoral,

* la investigación de los hechos del 11 de abril pasado,

* la necesidad de desarmar a la población civil.

Y anunció que propondrá "una estructura y una agenda para un debate que incluya los temas críticos que siguen dividiendo a la sociedad venezolana". Entre ellos, tendrán el país político y el país nacional que abordar cuestiones álgidas como:

* las restricciones intimidantes a la libertad de expresión,

* la participación de autoridades militares en el debate público,

* la inadecuada separación de poderes y la falta de contrapesos institucionales idóneos.


CONCLUSION

Venezuela con su proceso electoral del 98 y su nueva Constitución del 99, parecía tener el 'hardware' de una democracia criolla modelo, representativa y participativa. Y ahora resulta -a los tres años de una gestión bolivariana y revolucionaria- que le falta el 'software'.